El procedimiento administrativo es la vía que la Administración Pública utiliza para la consecución de un propósito cuya naturaleza es el beneficio de los intereses generales, basándose siempre en el ordenamiento jurídico, con lo que puede ser comprobada y verificada por los ciudadanos.

La jurisdicción contencioso-administrativa establece los límites de la competencia y poderes otorgados a una autoridad pública, quedando excluidas las disposiciones con rango de ley, y se acude a ella cuando las resoluciones del ente público dan por agotada la vía administrativa.

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