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CLAUSULA INFORMATIVA Y DE CONSENTIMIENTO DE CLIENTES DE SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS, S.L.P.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), se le informa sobre los términos y condiciones del tratamiento de datos efectuado por SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS, S.L.P (en adelante, el DESPACHO).

De conformidad con el Considerando 14 y art. 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD, en relación con el art. 19 de la Ley Orgánica 3/2018 LOPD, la normativa sobre el tratamiento de datos personales excluye de su aplicación a aquellos datos relativos a personas jurídicas y, en particular, a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto, y del mismo modo, a las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica cuando la finalidad del tratamiento sea la de mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que presta sus servicios, y los empresarios individuales y los profesionales liberales, cuando se refieran a ellos únicamente en dicha condición.

A. La finalidad y legitimación del tratamiento de los datos es:

  1. Mantener la relación contractual entre el CLIENTE y el DESPACHO.
  2. Prestación de servicios jurídicos y propios de la abogacía en interés del CLIENTE.
  3. Cumplimiento de obligaciones fiscales, administrativas y de índole legal.
  4. Envío de información y publicidad sobre ofertas, promociones y recomendaciones, y desarrollo de acciones comerciales sobre servicios ofrecidos por el DESPACHO a través de diferentes canales de comunicación como correo-e., sms, teléfono, carta o aplicaciones de mensajería y redes sociales.
  5. Comprobar la capacidad de pago del CLIENTE en ficheros comunes sobre solvencia patrimonial y crédito cuyos responsables presten tal servicio con arreglo a la legalidad vigente, siempre que se mantenga con el cliente una relación contractual que implique el abono de una cuantía pecuniaria o con el objetivo de evaluar la viabilidad económica de una nueva contratación que suponga financiación o pago aplazado.
  6. Verificar la exactitud de los datos aportados por el cliente y lucha contra el fraude, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  7. En caso de no atendimiento de obligaciones económicas frente al DESPACHO y resultando de ello una deuda cierta, vencida y exigible y previo requerimiento de pago se podrá proceder a la comunicación de los datos identificativos y los datos relativos a la deuda pendiente de pago a las entidades responsables de sistemas comunes de información crediticia (p.ej., BADEXGUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.), de acuerdo con la legislación vigente.
  8. El DESPACHO tratará los datos de carácter personal, incluyendo los datos de solvencia, para la realización de estudios estadísticos e históricos de utilidad interna para la toma de decisiones organizativas y productivas.

B. El tipo de datos del CLIENTE que son tratados por el DESPACHO para las finalidades expuestas son:

  1. Datos proporcionados de forma directa por el cliente, ya sea en el momento de solicitud de información o servicio a través de la cumplimentación de formularios a tal efecto habilitados o directamente al personal y profesionales del DESPACHO, así como los facilitados a lo largo de la relación contractual a través de distintos medios como, por ejemplo, comunicaciones, reclamaciones o solicitudes de información. El CLIENTE se responsabiliza de su veracidad y actualización.
  2. Datos obtenidos de fuentes distintas del cliente, ya sea por contar con su consentimiento o por cualquier otra habilitación legal (interés legítimo, cumplimiento de una obligación legal…). Estas fuentes son:
    • Fuentes accesibles al público.
    • Organismos de la Administración Pública (p.ej., Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), etc., o Juzgados y Tribunales.
    • Sistemas comunes de información crediticia (p.ej., BADEXGUG, ASNEF, Fichero de Incidencias Judiciales, etc.).
  1. Datos proporcionados por terceros tales como ayuntamientos, notarías, empresas de marketing, RRSS, catastro, registros de la propiedad y mercantil, empresas que proporcionan información sobre las actividades económicas de empresas, autónomos o profesionales, etc.

C. Las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a los que comunicamos los datos son:

Con las finalidades indicadas, el CLIENTE consiente en la comunicación de sus datos a empresas titulares de ficheros de solvencia patrimonial y crédito si fuera necesario para las finalidades indicadas en el apartado A.5 y A.7

Del mismo modo, consiente en que el DESPACHO, en virtud del interés legítimo que para ello le ampara la relación jurídica que se establece en el presente contrato, que sus datos personales sean comunicados a: la administración tributaria, administración pública (estatal, autonómica o local), notarios intervinientes, registros de la propiedad y mercantil, a la entidad financiera interviniente en la operación o asunto en su caso, así como al resto de organismos o entidades que por motivos legales se precisen, en particular, Juzgados y Tribunales, y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, autonómicos, o locales.

D. El CLIENTE tiene la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos:

  • Derecho de acceso: conocer qué tipo de datos se tratan y las características del tratamiento que se lleva a cabo.
  • Derecho de rectificación: poder solicitar la modificación de los datos por ser éstos inexactos o no veraces.
  • Derecho de portabilidad: poder obtener una copia en un formato interoperable de los datos que estén siendo tratados, en función de las aplicaciones y procedimientos usados por el DESPACHO.
  • Derecho a la limitación del tratamiento en los casos recogidos en la Ley.
  • Derecho de supresión: solicitar la supresión de los datos cuando el tratamiento ya no resulte necesario
  • Derecho de oposición: solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales en los términos antes señalados.
  • Derecho a revocar el consentimiento prestado, siendo su petición procesada en el plazo aproximado de 10 días.
  • Derecho a interponer una reclamación frente a la autoridad de control (en España, la Agencia Española de Protección de Datos: http://www.agpd.es).

E.

Se pueden ejercitar los derechos reconocidos y la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento de los datos de carácter personal, dirigiéndose por escrito a los responsables de los ficheros de SANCHEZ GARRIDO ABOGADOS, S.L.P., con domicilio en Toledo, Callejón del Lucio, nº 5, o mediante correo electrónico a la dirección administracion@sanchezgarridoabogados.com, indicando el derecho a ejercitar y acompañando la documentación requerida. En la página web de la Agencia Española de Protección de Datos se pueden encontrar una serie de modelos que ayudan al ejercicio de los derechos reconocidos. La solicitud se resolverá en el plazo de un mes, que podrá prorrogarse justificadamente hasta dos meses más.

Para la ejecución y desarrollo de la relación contractual que pueda unir al CLIENTE con el DESPACHO, es necesario contar con una serie de datos identificativos, de circunstancias personales y/o familiares, de titularidad de bienes en su caso, y económicos (nómina, cuenta bancaria, fiscales…) a efectos de documentar la obligación contractual entre las partes, prestar el servicio requerido, y para el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas, por lo que la retirada del consentimiento para tratar este tipo de datos conllevaría la imposibilidad de establecer la relación contractual solicitada y llevar a cabo el servicio objeto de encargo.

F.

No obstante lo anterior, los datos personales del CLIENTE serán conservados mientras se mantenga la relación contractual con el CLIENTE y con posterioridad a la misma, por un plazo máximo de 6 años. Finalizada la relación contractual (o, en su caso, transcurrido el plazo de 6 años), los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a solicitud de Juzgados y Tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar y, transcurrido éste, su completa eliminación. En cualquier caso, si al finalizar la relación contractual existieran litigios pendientes derivados del ejercicio de acciones por alguna de las partes, los datos podrán conservarse durante la tramitación de los mismos, en tanto no recaiga resolución definitiva –fecha en la que se procederá a su bloqueo y posterior borrado-, si bien sólo podrán utilizarse a fines probatorios.

En consideración al objeto que sea causa del encargo, el plazo de conservación puede ser ampliado en los años que sean necesarios en proporción a la duración máxima que la legislación aplicable conceda al bien, derecho u obligación de que se trate, como puedan ser, contratos y concesiones administrativas, derechos de superficie, usufructos vitalicios, etc.

De conformidad con la información recibida, el CLIENTE ha de manifestar mediante la firma de la presente política su consentimiento expreso para que por el DESPACHO se proceda a la recopilación, tratamiento y comunicación de los datos del CLIENTE en las condiciones expuestas para:

  1. Aceptar que los datos sean tratados para mantener la relación contractual con el DESPACHO, y para la prestación de servicios jurídicos y propios de la abogacía, así como consultar y comunicar en su caso los datos a ficheros comunes sobre solvencia patrimonial y crédito.
  2. Aceptar que los datos sean tratados para recibir información y publicidad sobre ofertas, promociones, recomendaciones, y desarrollo de acciones comerciales sobre servicios ofrecidos por el DESPACHO a través de diferentes canales de comunicación como correo-e., sms, teléfono, carta o aplicaciones de mensajería y redes sociales.