El Código Penal castiga la imposición de los empleadores a los empleados a su servicio de condiciones laborales o de la Seguridad Social que menoscaben sus derechos reconocidos, así como el tráfico ilegal de trabajadores, la limitación de la libertad sindical y del derecho a huelga, o la privación de medios que faciliten a los trabajadores llevar a cabo sus tareas laborales bajo los parámetros de seguridad e higiene adecuados.
También atiende de manera pormenorizada la migraciones laborales fraudulentas en materia de extranjería, y ratifica el principio de igualdad al tipificar la discriminación en el trabajo.
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