El grupo de juristas plantea imitar los modelos de otros países europeos como Alemania o Austria.
La cuestión catalana es un acontecimiento que está copando los titulares de todos los medios de comunicación nacionales, y que ha traspasado fronteras hasta llegar a ser objeto de debate en otros países, especialmente aquellos que forman parte de la Unión Europea, y líderes políticos de todo el mundo como Donald Trump han ofrecido su visión del conflicto político.
De puertas para adentro, los españoles muestran su preocupación por el estado de las relaciones entre el conjunto del país y Cataluña, y a las multitudinarias manifestaciones civiles que se han producido ya no solo en la propia región mediterránea sino en todo el territorio nacional, se suman estudios como el realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado octubre, que mostraba este como el noveno tema que más cariacontece a la sociedad, seis puestos por encima del que ocupaba meses atrás.
Ante este acontecimiento y motu propio, una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo han propuesto realizar una reforma de la Constitución del 78 que renueve el modelo territorial en España vigente, algo que se haría a la manera de otros países europeos que aplican en su territorio «técnicas de federalismo». Su planteamiento invita a que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas, con lo que dejaría de ser necesaria su aprobación por las Cortes. de igual modo, proponen que se fijen de manera plausible las competencias estatales en la Constitución, y reordenar el Senado siguiendo el paradigma de Alemania o Austria.
Todas las medidas está contenidas en Ideas para una reforma de la Constitución, el documento elaborado por estos catedrádicos, coordinados por Santiago Muñoz Machado, cuya redacción ha necesitado de cuatro meses de trabajo, y que fue presentado el pasado lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
En él se explica que la reforma no “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, aunque sí existe un capítulo dedicado a la cuestión catalana, y se respalda la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a la vez que se considera que han de existir más voces, además de las secesionistas, que se constituyan como interlocutores del proceso; en el citado apartado, el texto aboga por un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el resto del Estado, siempre y cuando los demás territorios den luz verde, y solamente en casos en los que estas no se vean afectadas.
De igual modo, este grupo de juristas apunta a la «parálisis o incapacidad» política que atenaza la reforma constitucional y la consiguiente solución del conflicto, y señalan la necesidad de clarificar el encaje de la norma española dentro del marco comunitario europeo, lo cual legitimaría su modelo.
