Bien es conocido que nuestra legislación establece la obligación del empresario, de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Sin embargo, las concretas medias y actuaciones a realizar para garantizar la seguridad y salud son objeto de continua definición mediante los acuerdos entre empresas y trabajadores o, bien, mediante las resoluciones judiciales.
Pues bien, recientemente, ha sido publicada la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 22 de diciembre de 2022 y de la que ha sido ponente una magistrada española, por la que, interpretando las Directivas Europeas, establece que los empresarios deben proporcionar o reembolsar su coste a las personas trabajadoras los dispositivos correctores especiales cuando, de un reconocimiento de los ojos y la vista, resulte que son necesarios para el desempeño de su trabajo como en el supuesto de trabajar con pantallas de visualización. También establece que, dentro de dichos dispositivos se encuentran las gafas graduadas que sirven para corregir y prevenir trastornos de la vista, no requiriendo que, el uso de dichos dispositivos, se circunscriba exclusivamente al ámbito profesional.
En resumen, con la aplicación de dicha novedosa y rotunda Sentencia, si una persona necesita gafas graduadas o lentes para desarrollar adecuadamente su trabajo, es el empresario el obligado a proporcionarlas a la persona trabajadora o, en otro caso, reembolsarle el coste de las mismas.
A partir de ahora, tocará establecer, no sin controversia de por medio, cuándo corresponde la entrega de las gafas o su abono y, qué gafas o qué precio son los adecuados para que sean sufragados por el empresario. Como ocurre en muchas ocasiones, de la resolución de una controversia, es más que posible que surjan nuevos litigios.
Jesús Moreno García-Moreno
Abogado socio
