Según las modificaciones del Real Decreto-ley 10/2020, los servicios no esenciales deberán paralizar su actividad durante el Estado de Alarma

El Real Decreto-ley 10/2020 paraliza las actividades no esenciales

El Real Decreto-ley 10/2020, aprobado por el Gobierno de España, establece la obligación de la paralización de servicios y actividades no esenciales durante el Estado de Alarma, en la que los trabajadores por cuenta ajena de empresas e instituciones privadas y públicas tendrán que utilizar un permiso retribuido recuperable desde el lunes 30 de marzo hasta el 9 de abril.

Esta nueva medida no es aplicable a las actividades y empleados de empresas que continúan desarrollando sus actividades a través del teletrabajo o los empleados que ya han sido objeto de ERTE, haya sido solicitado o que ya les haya sido autorizado.

Además, las empresas o instituciones que no puedan cesar sus servicios de forma inminente, dispondrían del lunes 30 de marzo para ejecutar las actividades que no pueden ser detenidas de forma inmediata por su posible carácter de perjuicio, realizando las actividades básicas y necesarias para posteriormente aplicar el permiso retribuido recuperable.

Dentro de las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno, se exceptúan a los trabajadores que presenten servicios a sectores necesarios o que correspondan a la producción de los sectores esenciales. También quedarán exentos los trabajadores de las empresas que hayan solicitado un ERTE o ya les haya sido autorizado. Además, también se excluye a los trabajadores que se encuentren en situación de baja por incapacidad temporal o su contrato haya sido suspendido por causas legales. Otra de las excepciones son los trabajadores que continuan con su actividad a través del trabajo en remoto o cualquier otro modo no presencial. Tampoco se incluyen en esta norma los trabajadores por cuenta propia (autónomos) ni los TRADE, a los que se les seguirá aplicando el régimen de limitación de desplazamientos regulado en el art.7.1.c) del RD 463/2020.

El permiso retribuido recuperable obligatorio contempla que los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les corresponda en cada caso, en la que se incluyen los complementos salariales y el salario base. Respecto a la recuperación de las horas de trabajo perdidas podrán ser efectivas hasta el 31 de diciembre de 2020, la cual deberá negociarse entre la empresa y los representantes legales de los empleados, en la que durante el periodo de consultas, las dos partes deberán negociar de buena fe para llegar a un acuerdo.

En caso de no llegar a este acuerdo, las empresas deberán notificar a los empleados, y a sus representantes legales, en el plazo de 7 días posteriores a la finalización del acuerdo, la decisión tomada por parte de la empresa para la recuperación de las horas de trabajo no ejecutadas. deberán regularse las horas a recuperar. Es importante destacar que las horas a recuperar deben llevarse acabo sin incumplir ninguno de los periodos mínimos de descansos diarios y semanales, sin superar la jornada máxima anual respetando los derechos de conciliación personal, laboral y familiar.

¿Qué empresas o servicios podrán continuar con su actividad hasta el 9 de abril?

Las personas trabajadoras por cuenta ajena no afectadas, en numero de 25, quedan reguladas en el Anexo del Real Decreto Ley y son las que siguen:

  1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delegadas.

  2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

  3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.

  4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

  5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

  6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

  7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

  8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

  9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras actividades conexas.

  10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

  11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

  12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.

  13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

  14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

  15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

  16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

  17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

  18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

  19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

  20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.

  21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

  22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal.

  23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

  24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.

  25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.


Desde Sanchez Garrido Abogados, y a la luz del contenido de este último Real Decreto, creemos que sigue siendo posible realizar e incluir a personas trabajadores en nuevos expedientes de regulación temporal de empleo.

Amplía la información sobre el Real Decreto-ley 10/2020 o resuelve tus dudas en el teléfono 925 215 174 o a través de administracion@sanchezgarridoabogados.com