¿Un impuesto que se separa de los valores reales se puede entender constitucional? ¿La medida de la capacidad económica del contribuyente puede hacerse mediante el valor catastral?

Por 29 abril, 2019 mayo 2nd, 2019 Noticias, Tributario
Referencia a los impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

Referencia a los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentos e impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 2.019, – Recurso 4924/2.017 -, señala lo siguiente:

“De la interpretación del alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2.017 que acabamos de efectuar (parcial en lo que se refiere a los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL y total en relación con el artículo 110.4 del TRLHL) resultan, en esencia, tres corolarios:

– primero, anulada y expulsada definitivamente del ordenamiento jurídico la prohibición que tenían los sujetos pasivos de probar la inexistencia de incrementos de valor en la transmisión onerosa de terrenos de naturaleza urbana ex artículo 110.4 del TRLHL, puede el obligado tributario demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y, por ende, que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU;

– segundo, demostrada la inexistencia de plusvalía, no procederá la liquidación del impuesto (o, en su caso, corresponderá la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución); y

– tercero, en caso contrario, habrá de girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1 y 107. 2 a) del TRLHL (que, según hemos dicho, han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor). En relación con este último supuesto, esta Sala es consciente de que pudieran darse casos en los que la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario fuera tan escasa que la aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL pudiera suscitar dudas desde la perspectiva del artículo 31.1 CE. La cuestión, sin embargo, no se nos ha planteado aún y tampoco ha sido resuelta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2.017.”

Pues bien, llegados a este punto, y en lo que se refiere a la presunta quiebra del principio de reserva de ley tributaria (artículos 31.3 y 133.1 CE) y, por derivación, del principio de seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), indica la citada Sentencia que:

“….la vulneración del principio de legalidad sancionadora, cuyas exigencias, según reiterada jurisprudencia constitucional, son más estrictas que las que dimanan de los artículos 31.3 y 133 CE -, el Pleno del Tribunal Constitucional consideró que remitir a la LGT los “medios” con arreglo a los cuales la Administración tributaria podrá comprobar el “valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos del hecho imponible”, resulta “aceptable desde la perspectiva del artículo 133.1 CE , es decir, desde un punto de vista estrictamente tributario” (no así, en cambio, “a la luz del principio -más estricto- de legalidad recogido en el artículo 25.1 CE , o lo que es lo mismo, en materia sancionadora”). A esta conclusión, en particular, llegó el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 9 de la STC 194/2.000, de 19 de julio, por la que se resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día contra la Disposición adicional cuarta de la Ley 8/1.989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Y, a mayor abundamiento, señaló, asimismo, en el FJ 9 de esta Sentencia que “tanto la referencia al “valor real” -(…)- cuanto la existencia de estos medios tasados de comprobación para determinarlo, permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda o, lo que es igual que, en detrimento de la reserva de ley recogida en el Art. 133.1 CE , le esté permitiendo cuantificar, sin límite alguno, un elemento esencial del tributo. Estamos aquí, como en otros supuestos [ STC 233/1.999, de 16 de diciembre , FJ 19 a)], ante una fórmula –el “valor real”- que impone a la Administración la obligación de circunscribirse, dentro de una esfera de apreciación, a unos criterios de naturaleza técnica que no puede obviar, de manera que puede afirmarse que la Ley impide que aquélla adopte decisiones que puedan calificarse, desde la perspectiva analizada, como libres, antojadizas, en suma, arbitrarias” ( STC 194/2.000 , FJ 9)…

…. Conforme a reiterada jurisprudencia constitucional “la seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando ‘la claridad y no la confusión normativa’ (STC 46/1.990, de 15 de marzo, FJ 4), y como ‘la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho’ (STC 36/1.991, de 14 de febrero, FJ 5). En definitiva, sólo si en el ordenamiento jurídico en que se insertan, y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica” ( STC 96/2.002, de 25 de abril , FJ 5; o STC 93/2.013, de 23 de abril , FJ 10)” [ STC 84/2.015, de 30 de abril FJ 3 b)]”.

Para ello, la interpretación conjunta de los artículos 104.1 y 107, apartados 1 , 2 y 4, del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2.004, de 5 de marzo, permite y así interpreta la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 27 de marzo de 2.019, “que el importe de la base imponible del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana ha de ser el resultado de multiplicar el valor del terreno, – valor catastral -, en el momento del devengo por el número de años de generación del incremento y por el porcentaje anual corresponda

¿Realmente, este es el método idóneo en base a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2.018?, ¿y este llamado valor del terreno es lo mismo valor real, valor de referencia del mercado?

“El valor real configura un concepto jurídico indeterminado de imprecisos perfiles, como esta Sala ha subrayado en una jurisprudencia constante y uniforme, puesto que no se ampara en definición legal alguna y, permite, sea cual fuere el medio de comprobación o determinación que en cada caso se utilice, un cierto margen legítimo. El valor real no arroja, – no puede hacerlo -, un guarismo exacto, único y necesario, sino una franja admisible entre un máximo y un mínimo. Así sucede cuando se acepta el valor declarado por el administrado, – que puede variar en unos y otros casos -; también cuando se acude al dictamen de peritos de la Administración (art. 57.1.e) LGT); o, en fin, si se emplean otros medios de comprobación legalmente previstos, como los precios medios de mercado o las valoraciones atribuidas a efectos de aseguramiento o hipotecarios. Esa inexactitud a priori, consustancial a la idea de valor real y a su integración en la categoría dogmática de los conceptos jurídicos indeterminados, guarda relación directa con la que padece otra noción relativamente semejante, la de valor de mercado. Ello hasta el punto de que esta misma Sala, en jurisprudencia reiterada, identifica ese valor real con el “…precio que sería acordado en condiciones de mercado entre partes independientes…” (sentencia, entre otras, de 18 de junio de 2.012, pronunciada en el recurso de casación nº 224/2.009, para un caso de IRPF). Siendo ello así, estamos en todo caso ante un valor que, al margen de su natural incertidumbre previa, sólo puede alcanzarse teniendo en cuenta las circunstancias singulares de la operación económica o manifestación de capacidad contributiva que se somete a tributación, así como apreciando las características propias del bien sometido a valoración, irreductibles al empleo de tablas, coeficientes o estimaciones globales. Como recuerda el Tribunal Constitucional, la expresión del valor real impone a la Administración la obligación de circunscribirse, dentro de una esfera de apreciación, a unos criterios de naturaleza técnica que no puede obviar, de manera que puede afirmarse que la Ley impide que aquélla adopte decisiones que puedan calificarse, desde la perspectiva analizada, como libres, antojadizas, en suma, arbitrarias (STC 194/2.000) …………..

El valor real no arroja, – no puede hacerlo -, un guarismo exacto, único y necesario, sino una franja admisible entre un máximo y un mínimo. Así sucede cuando se acepta el valor declarado por el administrado -que puede variar en unos y otros casos-; también cuando se acude al dictamen de peritos de la Administración (art. 57.1.e) LGT); ……….. Esa inexactitud a priori, consustancial a la idea de valor real y a su integración en la categoría dogmática de los conceptos jurídicos indeterminados, guarda relación directa con la que padece otra noción relativamente semejante, la de valor de mercado. Ello hasta el punto de que esta misma Sala, en jurisprudencia reiterada, identifica ese valor real con el “…precio que sería acordado en condiciones de mercado entre partes independientes…” (sentencia, entre otras, de 18 de junio de 2.012, pronunciada en el recurso de casación nº 224/2.009, para un caso de IRPF). Siendo ello así, estamos en todo caso ante un valor que, al margen de su natural incertidumbre previa, sólo puede alcanzarse teniendo en cuenta las circunstancias singulares de la operación económica o manifestación de capacidad contributiva que se somete a tributación, así como apreciando las características propias del bien sometido a valoración, irreductibles al empleo de tablas, coeficientes o estimaciones globales. …………….. “.

La jurisprudencia de este Tribunal Supremo que el acto de determinación del valor real de los bienes inmuebles comprobados por la Administración – que, por ende, corrige o verifica los valores declarados por el interesado como precio o magnitud del negocio jurídico llevado a término- ha de ser:

a) singularizado;

b) motivado; y

c) fruto de un examen del inmueble, normalmente mediante visita al lugar (por todas, las sentencias de 29 de marzo de 2.012, – recurso de casación para unificación de doctrina nº 34/2.010 -; de 18 de junio de 2.012, – recurso de casación nº 224/2.009 -; y de 26 de marzo de 2.014, – recurso de casación nº 3191/2.011 -).

Si bien en el caso del IIVTNU, se continua hablando “del valor del terreno” = “valor catastral”, cuando el desfase entre el valor catastral y el valor de mercado es bastante elevado, sobre todo en los municipios no hayan revisado valores catastrales, por ello la propia Ley del Catastro formula un nuevo valor el valor de referencia del mercado, el cual se define en el artículo 3 de la citada Ley del Catastro introducido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2.018, en el que se indica lo siguiente:

“..descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas, económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor de referencia de mercado, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.”

El valor de referencia de mercado de los bienes inmuebles urbanos se calculará, a partir de los módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos de cada ámbito territorial de valoración. En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario correspondiente, el valor de referencia1 se calculará con arreglo a las normas vigentes para el cálculo de los valores catastrales, fijándose anualmente para cada municipio los módulos de valoración que serán aplicación, esto es, por el Real Decreto 1020/1.993, de 25 de junio, por el que se aprueba las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin que “el valor catastral de los inmuebles no podrá superar el valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual pueda venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante Orden del Ministerio de hacienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase “, artículo 23.2 del citado Real Decreto 1020/1.993, de 25 de junio.

Dado que los valores de referencia de mercado de los inmuebles se calculan a partir de los citados módulos, el informe anual sobre el mercado inmobiliario sirve a la vez de aval y garante de la determinación de ambos, y refleja el análisis realizado de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información, con arreglo a las presentes instrucciones. Artículo 3 de la Ley del Catastro

De acuerdo con lo previsto en los artículos 93 y 103 de la CE y el artículo 3 de la Ley 40/2.015 de 1 de octubre, impone a la Administración la diligencia a fin de evitar disfuncionalidades, como indica la Sentencia del Tribunal Supremo 2159/2.014 y a la modificación del artículo 7.2 TRLCI, forzando al ciudadano contribuyente a un largo periplo para reaccionar frente a una situación a todas luces injusta. Se dice:

Sin que, en estas situaciones, en las que concurren circunstancias excepcionales sobrevenidas, como la que nos ocupa, tenga amparo jurídico, el que se pueda seguir girando los recibos por IBI o no anular los ya girados, en su caso, bajo la excusa de la incompetencia del Ayuntamiento para fijar los valores catastrales. Ante un sistema impugnatorio complejo y potencialmente creador de disfunciones, cuando se producen estas situaciones, como las que nos ocupa, u otras parecidas o análogas, frente a una Administración que ha de servir con objetividad los intereses generales ( artículo 103.1 CE ), no es admisible jurídicamente que la misma permanezca inactiva dando lugar a un enriquecimiento injusto prohibido o a obligar a los administrados, ciudadanos de un Estado de Derecho, a transitar por largos y costosos procedimientos para a la postre obtener lo que desde un inicio se sabía que le correspondía o, lo que es peor, esperando que el mero transcurso del tiempo convierta en inatacable situaciones a todas luces jurídicamente injustas; lo cual mal se compadece con un sistema tributario basado en el principio superior de Justicia y el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos conforme a la capacidad económica de cada uno.

Y se concluye que ante estas situaciones excepcionales “… el sistema general que distribuye las competencias entre gestión catastral y gestión tributaria debe reinterpretarse y pulir su rigidez para que en sede de gestión tributaria y en su impugnación judicial quepa entrar a examinar la conformidad jurídica de dicho valor catastral, en su consideración de base imponible del gravamen, en relación con la situación jurídica novedosa que afecta al afecta al inmueble al que se refiere la valoración catastral y a esta misma, que no fue impugnada en su momento”.

 

NOTAS AL PIE


1 Circular de fecha 5/4/2.018, de 14 de marzo

 

Mª. Consuelo Sánchez-Castro Díaz-Guerra
Abogada