El BOE de 28 de abril publica un Decreto ley que traspone a la normativa española una decena de directivas europeas en ámbitos de competencia como la prevención del blanqueo, las criptomonedas, las licencias de telecomunicaciones, el IVA, los derechos de los trabajadores transnacionales o los derechos de los consumidores, entre otros.
El Tribunal Constitucional declaró anteriormente que la figura del Real Decreto-ley no es la mejor manera de legislar, y menos en reformas de tal importancia y que afectan a numerosos textos normativos. A pesar de ello, esta práctica no es inconstitucional. Entró en vigor al día siguiente de su publicación, excepto algunos preceptos que lo harán en junio de 2021 o ya en enero del próximo año.
Hoy revisamos, entre otras cuestiones abordadas, qué medidas se puede destacar sobre la prevención del blanqueo de capitales, cuáles afectan principalmente a las empresas y la defensa de la competencia, y cuáles afectan en mayor medida a particulares y consumidores.
Miguel Marcos-Alberca Moreno
Abogado
